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El TS fija doctrina sobre la restitución al prestatario de los intereses que hubiese pagado en aplicación de la cláusula suelo declarada nula

El TS fija doctrina sobre la restitución al prestatario de los intereses que hubiese pagado en aplicación de la cláusula suelo declarada nula (TS, 1ª, S 25 Mar. 2015. Rec. 138/2014)

Inexistencia de cosa juzgada producida por la sentencia del Pleno del TS de 9 de mayo de 2013. A efectos de la irretroactividad de dicha sentencia resulta intrascendente la diferente naturaleza de las acciones ejercitadas, una colectiva de cesación en aquel proceso y otra individual en el presente caso.

Los demandantes ejercitaron acción solicitando la nulidad, por abusiva, de la cláusula suelo incluida en los contratos de préstamo celebrados y la condena a la entidad financiera a la devolución de la cantidad cobrada hasta la fecha de la demanda, en virtud de la aplicación de la referida cláusula.

Las sentencias de instancia estimaron la demanda.

El Tribunal Supremo desestima el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la entidad financiera pero estima su recurso de casación por interés casacional.

En cuanto al recurso por infracción procesal, la recurrente argumentaba que se habría producido el efecto de la cosa juzgada desde que se dictó la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, que declaró la nulidad por falta de transparencia de una cláusula suelo idéntica a la impugnada en este proceso y la irretroactividad de dicha declaración, "de tal forma que la declaración de nulidad de la cláusula no afectará a (...) los pagos efectuados en la fecha de publicación de esta sentencia".

La Sala rechaza tal argumentación porque a la acción colectiva de cesación en defensa de los consumidores ejercitada en aquel proceso no se le acumularon pretensiones de condena y concretas reclamaciones de restitución, mientras que en la presente acción individual sí se formulan pretensiones de esta naturaleza.

En el recurso de casación se planteaba la eficacia irretroactiva de la citada sentencia de 9 de mayo de 2013. La sentencia recurrida negó la irretroactividad y accedió a la devolución de las cantidades reclamadas, argumentando la diferente naturaleza de las acciones ejercitadas, una de cesación y otra individual, añadiendo que en la colectiva no se solicitó la devolución de las cantidades abonadas, mientras que en la acción individual sí se contempla tal pretensión.

Sin embargo, tal distinción entiende la Sala que no se contempla en la sentencia del Tribunal Supremo y, además, no resulta trascendente, al efecto aquí debatido, que se trate de una acción colectiva o de una individual, puesto que el conflicto jurídico es el mismo y se trata de una doctrina sentada por la repetida sentencia para todos aquellos supuestos en que resulte, tras su examen, el carácter abusivo de una cláusula suelo inserta en un préstamo de interés variable cuando se den las circunstancias concretas y singulares que el Tribunal Supremo entendió que la tiñen de abusiva, debiendo ser, por ende, expulsada del contrato.

Aunque estas consideraciones serían suficientes para la estimación del recurso, la Sala, ante las respuestas dispares por parte de los Tribunales en cuanto a la devolución o no de las cuotas percibidas por las entidades prestamistas en aplicación de la cláusula suelo declarada abusiva, considera necesario, en virtud del principio de seguridad jurídica, ofrecer respuesta a tan debatida cuestión, clarificando la doctrina sentada en la sentencia de 9 de mayo de 2013.

Así, razona la Sala que aunque dicha sentencia recoge la regla general de eficacia retroactiva de las declaraciones de nulidad, también afirma que sus efectos no pueden ser impermeables a los principios generales del Derecho, destacando de entre ellos el de seguridad jurídica, citando una serie de normas y resoluciones que así lo atestiguan.

Igualmente, la sentencia de 9 de mayo de 2013 destaca que la retroactividad de la declaración de nulidad generaría el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico y pretender que en la acción individual no se produzca meritado riesgo no se compadece con la motivación de la sentencia, pues el conflicto de naturaleza singular no es ajeno al conjunto de procedimientos derivados de la nulidad de las cláusulas suelo incorporadas en innumerables contratos origen de aquellos. La afectación al orden público económico no nace de la suma a devolver en un singular procedimiento, que puede resultar ridícula en términos macroeconómicos, sino por la suma de los muchos miles de procedimientos tramitados y en tramitación con análogo objeto.

La sentencia de 9 de mayo de 2013 atiende también a una serie de argumentos de los que colige, a la fecha de la sentencia, la buena fe de los círculos interesados, señalando ahora la Sala que a partir de la fecha de su publicación no es posible ya la alegación de esa buena fe, pues dicha sentencia abre los ojos y las mentes de las partes contratantes, pudiendo éstas indagar y esclarecer si las cláusulas suelo insertas en contratos de préstamo con tipo de interés variable, en principio lícitas, carecen de transparencia, no por oscuridad interna, sino por insuficiencia de información, en los términos indicados en la sentencia. Si adoleciesen de tal insuficiencia y fuesen declaradas abusivas por ese concreto motivo, las sentencias tendrán efecto retroactivo desde la fecha de publicación de la sentencia de 9 mayo 2013.

Finalmente, el Tribunal fija como doctrina: "Que cuando en aplicación de la doctrina fijada en la sentencia de Pleno de 9 de mayo de 2013, ratificada por la de 16 de julio de 2014, Rc. 1217/2013 y la de 24 de marzo de 2015, Rc. 1765/2013, se declare abusiva y, por ende, nula la denominada cláusula suelo inserta en un contrato de préstamo con tipo de interés variable, procederá la restitución al prestatario de los intereses que hubiese pagado en aplicación de dicha cláusula a partir de la fecha de publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013".

La presente sentencia cuenta con el voto particular de dos magistrados que entienden que el recurso de casación debió ser igualmente desestimado, con la consiguiente confirmación tanto de la declaración de abusividad por falta de transparencia real de la cláusula objeto de examen, como del pleno efecto devolutivo de las cantidades pagadas desde la perfección o celebración del contrato.

 

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